Orientaciones de la CE sobre el Informe Base de Suelos

Orientaciones de la CE sobre el Informe Base de Suelos

La Comunidad Europea ha publicado, en DOUE del 6 de mayo de 2014, una Comunicación de la Comisión, encaminada a dar las orientaciones sobre el informe de la situación de partida de suelos, en el marco de la Directiva de Emisiones Industriales. VER DOCUMENTO ORIGINAL

El objetivo es aplicar con coherencia las directrices de la Directiva de Emisiones Industriales, ofreciendo información sobre las disposiciones jurídicas en referencia al informe de situación de partida, ocupándose de elementos que deben de abordarse, como la determinación de la necesidad o no de elaborar dicho informe, la concepción de los estudios de la situación de partida, la concepción de una estrategia de muestreo y le elaboración del informe de la situación de partida.

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«Informe base de suelos» en la modificación de la Ley IPPC

«Informe base de suelos» en la modificación de la Ley IPPC

ENVIROSOIL SUELOS

La Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, incorpora como requisito a las industrias en relación con la protección del suelo y de las aguas subterráneas, que entre la documentación necesaria para solicitar la autorización ambiental integrada (AAI), sea necesaria la presentación de un «informe base» o «informe de la situación de partida» como instrumento, que permita, en la medida de lo posible, realizar una comparación cuantitativa entre el estado del emplazamiento de la instalación descrita en el informe y el estado de dicho emplazamiento tras el cese definitivo de actividades, a fin de determinar si se ha producido un incremento significativo de la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

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Aprobado el Proyecto de Ley de «Prevención y corrección de la contaminación del suelo»

Aprobado el Proyecto de Ley de «Prevención y corrección de la contaminación del suelo»

El Proyecto de Ley de Prevención y corrección de la contaminación del suelo ha sido aprobado hace 2 días por el Gobierno Vasco. Según Ana Oregi, consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, con la principal finalidad de «reducir la intervención administrativa, simplificándola con el principio de «no tutela», manteniendo siempre los estándares de calidad ambiental».

Esta Ley se adapta a los principios de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, e integra algunos aspectos contemplados en la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en referencia a la Responsabilidad Ambiental o las Emisiones Industriales.

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RD 9/2005 de suelos contaminados

La normativa de referencia en materia de suelos contaminados en España es el Real Decreto 9/2005, de 14 de mayo, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Su publicación provocó un gran impacto en todas las actividades industriales potencialmente contaminantes, así como en las transacciones de compra-venta de suelos, introduciendo en este sector el concepto «Quien Contamina Paga» y pasando a ser el estado ambiental del suelo un aspecto capital con un posible impacto económico y social, definiéndose el Pasivo Ambiental como una figura determinante en los cambios de uso del suelo y las transacciones económicas con los mismos.

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Nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

El pasado 11 de diciembre de 2013 se publicaba en el BOE la nueva Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, aplicable a todos los planes, programas y proyectos sometidos a evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental, que se inicien una vez entrada en vigor la presente ley, el 12 de diciembre de 2013.

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.

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